En su última reunión de trabajo se ha analizado el informe elaborado por los despachos Sánchez Mendoza y Serrano Asociados

La CEJ ha mantenido una reunión de trabajo preparatoria de la acción jurídica que llevará a cabo contra las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios sufridos por las salas de bingo como consecuencia de las medidas discriminatorias y restrictivas adoptadas por el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos con motivo de la pandemia.

La reunión ha servido para avanzar en la reclamación conjunta e individualizada de las empresas que se han visto afectadas por las restricciones y cierres de actividad.

Se analizó el informe elaborado por los despachos Sánchez Mendoza y Serrano Asociados, cuyo fundamento jurídico se basa en el artículo 106.2 de la Constitución, que determina el derecho de los particulares a ser indemnizados por el funcionamiento de los servicios públicos. Y también basada en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, cuyo texto dice que quienes como consecuencia de la aplicación de la citada ley “sufran daños o perjuicios por actos que les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo a lo dispuesto en las leyes”. Finalmente, la reclamación se completaría atendiendo a la Ley 40/2001, de 1 de octubre, del Sector Público. Se trata, no obstante, de una propuesta elaborada en el seno del sector del bingo, al objeto de ofrecer un servicio jurídico de ambos despachos a los asociados de CEJ y FEJBA, como conocedores de la legislación sobre el juego.

En la reunión de CEJ también se trató sobre idénticas medidas ya adoptadas por empresarios del bingo con otros despachos de abogados sobre la misma opción de reclamar por el daño y lucro cesante sufrido durante la Covid-19.

Comunicado CEJ

AzarPlus