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Ambas normas son producto de la aplicación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que extiende la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado dos decretos que suponen un nuevo e importante paso para la transformación digital de su sector público y avanzar hacia la Administración cien por cien digital.

 

El objeto de  ambos decretos abarca más de 1.000 procedimientos administrativos que tienen que ver con ayudas y procedimientos iniciados por la ciudadanía, a instancia de parte, así como a los restantes procedimientos internos de la Administración.

 

Ambas normas son producto de la aplicación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que extiende la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite, lo que implica una clara redefinición de los servicios administrativos que el Gobierno autonómico está realizando ahora.

 

El primero de los decretos establece la regulación de documentos administrativos, expedientes y archivo electrónico y, concretamente, el conjunto de medidas técnicas y criterios comunes para la gestión de los documentos electrónicos y los expedientes durante toda su vida útil, incluyendo las fases activa o de trámite y la de archivo.

 

El otro decreto regula el régimen jurídico de autorización y uso de los diferentes tipos de firma electrónica a utilizar por las autoridades y empleados públicos de la Comunidad desde criterios técnicos e incorporando una Guía de evaluación de seguridad de la firma y sello electrónico, que es el instrumento técnico por el que se determinará el tipo concreto y más idóneo a las funciones de cada autoridad o empleado público.
 

Sector del Juego 23 .06.2017

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